¿Para qué queremos un Estado laico?

Roberto Blancarte.

Milenio

A veces damos tanto por sentadas las cosas que no nos preocupamos por conocer lo que está detrás de ellas. Asumimos que han estado allí siempre o que permanecerán en el futuro sin que tengamos que hacer algo para que así sea. Es el caso, me parece, del Estado laico en México. Los que vivimos en esta época solemos desconocer, o simplemente olvidar, que las instituciones políticas y sociales con las que contamos y que nos permiten gozar de muchas libertades fueron establecidas con muchos esfuerzos e incluso después de costosas y sangrientas guerras. Se nos olvida que si los mexicanos podemos ir a ver una película, aunque a algunos les parezca que no debemos hacerlo por considerarla sacrílega, blasfema o simplemente inmoral, es gracias a que existe un Estado laico que nos garantiza dicha libertad. Si los mexicanos podemos ir a una exposición o a una obra de teatro aunque esto no sea del gusto de algunas dirigencias religiosas o de personas conservadoras, es gracias a que el Estado laico garantiza ese derecho. Si las mexicanas, católicas, protestantes o agnósticas, se pueden tomar una pastilla anticonceptiva porque su conciencia así se los dicta, a pesar de la oposición de algunos dirigentes religiosos, es también gracias al Estado laico. Si algunas tienen la posibilidad de recurrir a la anticoncepción de emergencia después de haber sido violadas o por alguna otra razón, eso es posible sólo porque hay un Estado laico que permite la venta en las farmacias de dichos anticonceptivos. Si los chavos y las chavas en México pueden tener acceso a condones y a educación que les haga posible una vida sexual responsable e informada, es gracias también al Estado laico. Si las personas que tienen creencias minoritarias pueden tener libertad para vivir de acuerdo con las mismas, sólo es posible con un Estado laico que realmente funcione y garantice la igualdad de todos los creyentes ante la ley. Los miembros de minorías étnicas son capaces de reivindicar sus derechos y obtener un trato igualitario frente a las etnias dominantes únicamente cuando hay un Estado laico (llámese o no así) que garantice a todas las comunidades de un país gozar de los mismos derechos. Si los homosexuales pueden reivindicar su derecho a ser diferentes y a gozar de los mismos derechos que los heterosexuales, es básicamente cuando hay un Estado laico que lo garantiza.

Cuando la libertad de conciencia, de pensamiento o de expresión son de alguna manera mermadas es, por el contrario, porque los funcionarios públicos en alguna región o ciudad se someten o están bajo la presión de algún grupo intolerante que desde una perspectiva religiosa o simplemente conservadora impiden que el Estado laico cumpla su función. No hay, entonces, nada peor para las libertades ciudadanas que un Estado laico mermado, sujeto a las imposiciones doctrinales de alguna religión o filosofía específica.

Al final, el Estado laico existe no para glorificarse a sí mismo o para imponerse como un nuevo ídolo al que hay que adorar. Es simple y sencillamente un instrumento jurídico-político del cual se dotan las sociedades, crecientemente plurales y conscientes de su diversidad, para tener una convivencia pacífica y armoniosa. Se trata de un mecanismo que no existe para sí mismo, sino para servir a un propósito: garantizar y ampliar las libertades de todos. Es por ello que su principal papel es el de defender la libertad de conciencia y sus consecuencias sociales (todas esas que hemos mencionado y otras). Para hacerlo requiere crear un espacio público independiente de (no contrario a) cualquier influencia religiosa específica y, por lo tanto, un Estado. Es decir, un conjunto de instituciones políticas con autonomía frente a lo religioso.

Y todo esto viene a cuento porque finalmente, después de muchos años, un grupo de diputadas y diputados está en vías de someter una iniciativa para elevar la laicidad del Estado a rango constitucional, de manera formal, a través de su inclusión en el artículo 40, donde se define el carácter del Estado: representativo, federal, etcétera. La iniciativa también implica incluir en el artículo 130 el principio de laicidad para que acompañe el de separación entre Estado e Iglesias. Y supone fortalecer la estricta separación entre creencias personales y función pública. En conjunto, estas reformas vendrían a reforzar un principio ya existente en el artículo 3º relativo a la educación pública laica y otros preceptos legales donde sí se establece la laicidad del Estado, como la propia Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Pero ciertamente, la elevación de la laicidad a rango constitucional permitirá ampliar los espacios de libertades frenando, al mismo tiempo, las crecientes tentaciones de muchos políticos para acudir a formas de legitimación religiosa del poder público. En suma, todas estas reformas, de aprobarse, vendrían realmente a reforzar nuestro Estado democrático y una creciente toma de conciencia de nuestra pluralidad social, cultural y política. Un Estado que vendría, en suma, a ser la respuesta a nuestra enorme y creciente diversidad, así como la necesidad de reconocerla para garantizar los derechos de todos.