Las rutas del tráfico de mujeres

Estudios revelan que, engañadas, mujeres y niñas llegan por aire y tierra a la frontera norte para ser explotadas. La trata de personas, cuyo epicentro es Tijuana, es la nueva forma de esclavitud

LILIANA ALCÁNTARA

El Universal

Martes 27 de noviembre de 2007

Cada semana, en la madrugada, por cinco rutas distintas, llegan a Tijuana autobuses y aviones con decenas de niñas y mujeres de 3 a 65 años de edad para ser forzadas a prostituirse.
Son mujeres de 14 estados de la RePública mexicana y por lo menos diez países de América, Europa y Asia, pobres la mayoría, que son engañadas y reclutadas por bandas dedicadas a la trata de personas. También hay mujeres menores de edad de una clase económica alta que son secuestradas y explotadas sexualmente en salas de masaje de la línea fronteriza de la comunidad de Mesa de Otay en la frontera con la ciudad de San Diego, en Estados Unidos.
Ese es el panorama del fenómeno que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha descrito como la nueva forma de esclavitud y que en Tijuana tiene su principal centro de operación, señala un estudio exploratorio financiado y avalado por la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y el Instituto Nacional de Migración (INM).
La “Evaluación de la trata de personas: mujeres, niños y niñas en la frontera norte de México, con particularidad en Baja California”, obtenida por EL UNIVERSAL con fundamento en la Ley Federal de Acceso a la Información Pública, señala que Tijuana es ciudad de destino y operación de la trata de personas, pero también de traslado hacia Estados Unidos con la misma finalidad.
El estudio estuvo a cargo de la investigadora Fabiola Vargas Valencia, del Colegio de la Frontera Norte.
El 14 de octubre de 2004, el gobierno de México, la OEA y la OIM iniciaron un proyecto denominado “Combate a la trata de mujeres, adolescentes, niños y niñas en México”, el cual incluyó la elaboración de dos estudios preliminares en Chiapas y Baja California.
EL UNIVERSAL publicó el primer estudio el 6 de mayo pasado, ahora se presentan los resultados del segundo estudio, realizado en Tijuana.
El panorama en Baja California
La trata de personas, según el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, es la captación, transporte, traslado, acogida y recepción de personas que recurren a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, rapto, fraude, engaño o abuso de poder, entre otros, con fines de explotación sexual, laboral, de servidumbre o extracción de órganos.
Este segundo estudio preliminar en Tijuana señala que la historia de la mayoría de las víctimas de trata en esta zona del país es similar a las del resto del mundo, pues para ser explotadas, primero son enganchadas en sus lugares de origen, estaciones de autobuses o aeropuertos con la promesa de que les darán empleo en el sector doméstico o en la industria, ya sea en Baja California o en Estados Unidos, con posibilidades de ganar dinero y enviarlo a la familia.
La investigadora Fabiola Vargas Valencia explicó en su estudio que en el caso de las mujeres o madres solteras, los tratantes las engañan e inician un noviazgo con ellas para ganarse su confianza y después prostituirlas.
La mayor parte de las víctimas son mujeres que desean migrar hacia EU. Son mexicanas 93% y el resto de países como El Salvador, Guatemala, Brasil, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, España, Estados Unidos y China.
Las mexicanas provienen de Oaxaca, Sinaloa, Chiapas, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Guerrero, Durango, Distrito Federal, Veracruz, Estado de México y del propio Baja California.
Las rutas
La investigadora del Colegio de la Frontera Norte identificó cinco rutas de tratantes de personas. La primera comienza en Sudamérica, llega al Distrito Federal o Puerto Vallarta, Jalisco y de ahí va hacia Baja California, a través de Los Cabos. Las mujeres, la mayor parte indocumentadas, son explotadas en bares o table dance.
La segunda ruta parte de Centroamérica hasta Tijuana directamente, con vertientes como el traslado desde El Salvador a Veracruz y de Guatemala a Chiapas. Las víctimas llegan con contactos que establecieron en sus lugares de origen y las trasladan a hoteles, donde son obligadas a prostituirse para pagar las “deudas” del viaje, el hospedaje y la comida.
La tercera ruta se ubica en el interior de Baja California, desde Tijuana a Mexicali, Ensenada, Playas de Rosarito, Tecate. Se explota a mujeres deportadas o que no pudieron cruzar la frontera por falta de dinero. Se les ofrecen hasta 400 dólares diarios en la prostitución.
Una cuarta ruta va de Tijuana hasta Ciudad Juárez y Sonora pasando por Nogales, Caborca y Agua Prieta. Testigos consultados por la experta indican que algunas de esas mujeres fueron asesinadas en Ciudad Juárez.
La quinta ruta parte de Tijuana hacia Estados Unidos, por San Diego. En ella están involucrados polleros y los puntos donde opera la red son Vista, en La Escondida; Las Antenas, en Carlsbad; Carrizales, en Oceanside y Del Mar y Los Gatos en Valley Center. Los polleros trasladan a mujeres, niños y niñas con documentos falsos o de forma indocumentada por la sierra o escondidos en cajuelas o consolas delanteras de autos y camionetas, en ocasiones, con la complicidad de la Patrulla Fronteriza.

De campanas y anticlericales

Roberto Blancarte.

Colegio de México
Publicado en Milenio 27 de noviembre de 2007
Mucho se ha escrito en los últimos días sobre el incidente en la Catedral. Provocación o no, quedó claro que las palabras de Rosario Ibarra desencadenaron la furia de algunos seguidores de Andrés Manuel López Obrador. Que la irrupción en el templo fue un acto estúpido y reprobable, me parece que prácticamente todo mundo está de acuerdo. Después de averiguaciones, aclaraciones, peticiones, disculpas y perdones, el asunto parece superado. Queda, sin embargo, por analizar lo más importante, es decir, cuál o cuáles fueron los resortes que hicieron que la gente, apostada en el Zócalo, se lanzara al interior de la Catedral, convertida en una turba, agrediendo a los feligreses y causando destrozos materiales.

Evidentemente, lo que de manera inmediata desencadenó el penoso hecho fueron las campanadas y el llamado a “indagarlo” de una de las oradoras (en este caso, la senadora Ibarra de Piedra) en la llamada Convención Nacional Democrática. Que dicho sea de paso, ni es convención, ni es nacional, ni es democrática. Pero dejemos ese asunto para otro día. La pregunta que ahora importa es ¿por qué la gente se impacientó con las campanadas y por qué las palabras de la oradora tuvieron eco, o fueron malinterpretadas, para convertirse en ese acicate para la agresión y la violencia? Me parece que, más allá de las cuestiones obvias, hay dos elementos que se deben considerar: el papel político que ha venido desempeñando el Arzobispado y el histórico anticlericalismo mexicano. La mezcla de esos dos componentes constituye una mezcla peligrosa, que no requiere más que de una pequeña chispa para explotar. Eso fue lo que las palabras de la senadora y en general el discurso de la presidencia legítima hicieron posible. No hay responsabilidad directa. Pero queda claro que el arrebato de los simpatizantes de López Obrador se inscribe en una larga tradición de encono con el clero, unida a un más reciente desencuentro político con el arzobispo; sí, el mismo al que López Obrador invitaba a inaugurar segundos pisos, pasando por encima de cualquier criterio de mínima separación entre el Estado y las Iglesias. Pero un cardenal que por algún motivo, probablemente de cálculo político, decidió no devolver los favores. La furia del lopezobradorismo contra el arzobispo se centra entonces en ese despecho de quien se cree engañado por un acuerdo implícito, que por alguna razón no fue honrado. El hostigamiento al cardenal y a la Catedral comenzó desde que Norberto Rivera se inclinó por la legalidad del proceso electoral. Eso fue considerado por algunos (justa o injustamente) como una traición política. En cualquier caso, es evidente que el problema, o por lo menos parte del mismo, se origina en la actuación del cardenal, mucho más política que pastoral.

La otra mitad del problema viene de esa larga tradición que nos hace un pueblo muy cristiano, pero al mismo tiempo muy anticlerical. Y en eso, como lo prueba nuestra historia, no hay contradicción. Los conflictos entre las comunidades y los sacerdotes están documentados por lo menos desde el siglo XVIII. La razón es muy simple: contrariamente a lo que se piensa, el anticlericalismo tiene una raíz religiosa. Como señala René Rémond en su clásico libro El anticlericalismo en Francia; De 1815 a nuestros días: “El anticlericalismo específico no es tampoco irreligión militante: sea lo que sea que piense en su fuero interno del hecho religioso, el anticlerical se defiende de querer combatirlo o suprimirlo; pretende solamente contener o reducir la influencia de la religión a límites conformes a la idea que él se hace de la distinción de esferas y de la independencia de la sociedad civil. Está todavía más lejano de confundirse con la indiferencia religiosa… y que todas las Iglesias denuncian hoy como el peligro mayor… El anticlericalismo, lejos de desinteresarse de la religión, no piensa más que en ella... El anticlericalismo no es tampoco el anticristianismo ni anticatolicismo, aunque frecuentemente ha sido obligado a contraponer el cristianismo de la Reforma con el cual la democracia, la ciencia o la libertad de conciencia podían coexistir sin problema, con un catolicismo romano cuya propensión al clericalismo era irrefrenable. Sinceridad o astucia táctica, el anticlericalismo ha siempre pretendido despojar al cristianismo, puede ser que incluso al catolicismo, de las falsificaciones que lo desfiguran, para restituirlo a su pureza original, enorgulleciéndose de servirlo, y hacer esto mejor que el clericalismo.

”Ciertamente no es éste el anticlericalismo manifestado por las huestes lopezobradoristas. Ése es mucho más básico, pues se ancla en el odio al clero, por sus abusos y por su intromisión en política (peor aún si es en el lado equivocado). Pero se eslabona con otros que, desde la religión popular o desde el catolicismo más “culto” aborrece al sacerdote que se inmiscuye en terrenos que no se consideran los que le corresponden. Se trata de combatir al clero cuando la acción pastoral se vuelve puro clericalismo. Y se termina luchando contra el clero politizado. Como ese que, por error o por cálculo, tocó las campanas durante quince minutos, interrumpiendo las palabras del profeta.

Pide el clero español "perdón" por el apoyo a Franco

La relación entre el general Francisco Franco y el clero católico español fue muy estrecha durante la Guerra Civil y la dictadura. La imagen data de octubre de 1962, cuando el militar sale bajo palio de la catedral de Barcelona tras visitar zonas devastadas por inundaciones

El presidente del Episcopado aboga por la reconciliación y que "haya luz sobre el pasado"

El obispo de Bilbao y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Ricardo Blázquez, pidió hoy “perd󮦣8221; en nombre de la Iglesia católica por su papel durante la Guerra Civil española (1936-1939), en lo que fue el primer acto de esta naturaleza de la jerarquía eclesiástica, la cual amparó y bendijo a las huestes fascistas durante el enfrentamiento bélico y posteriormente apoyó sin fisuras la larga dictadura de Francisco Franco.Al evocar la figura del mítico cardenal Vicente Enrique Tarancón -hombre clave durante los años de la transición a la democracia-, el obispo de Bilbao sorprendió al resto de cardenales y obispos congregados en la Asamblea Plenaria de la CEE.

¿Para qué queremos un Estado laico?

Roberto Blancarte.

Milenio

A veces damos tanto por sentadas las cosas que no nos preocupamos por conocer lo que está detrás de ellas. Asumimos que han estado allí siempre o que permanecerán en el futuro sin que tengamos que hacer algo para que así sea. Es el caso, me parece, del Estado laico en México. Los que vivimos en esta época solemos desconocer, o simplemente olvidar, que las instituciones políticas y sociales con las que contamos y que nos permiten gozar de muchas libertades fueron establecidas con muchos esfuerzos e incluso después de costosas y sangrientas guerras. Se nos olvida que si los mexicanos podemos ir a ver una película, aunque a algunos les parezca que no debemos hacerlo por considerarla sacrílega, blasfema o simplemente inmoral, es gracias a que existe un Estado laico que nos garantiza dicha libertad. Si los mexicanos podemos ir a una exposición o a una obra de teatro aunque esto no sea del gusto de algunas dirigencias religiosas o de personas conservadoras, es gracias a que el Estado laico garantiza ese derecho. Si las mexicanas, católicas, protestantes o agnósticas, se pueden tomar una pastilla anticonceptiva porque su conciencia así se los dicta, a pesar de la oposición de algunos dirigentes religiosos, es también gracias al Estado laico. Si algunas tienen la posibilidad de recurrir a la anticoncepción de emergencia después de haber sido violadas o por alguna otra razón, eso es posible sólo porque hay un Estado laico que permite la venta en las farmacias de dichos anticonceptivos. Si los chavos y las chavas en México pueden tener acceso a condones y a educación que les haga posible una vida sexual responsable e informada, es gracias también al Estado laico. Si las personas que tienen creencias minoritarias pueden tener libertad para vivir de acuerdo con las mismas, sólo es posible con un Estado laico que realmente funcione y garantice la igualdad de todos los creyentes ante la ley. Los miembros de minorías étnicas son capaces de reivindicar sus derechos y obtener un trato igualitario frente a las etnias dominantes únicamente cuando hay un Estado laico (llámese o no así) que garantice a todas las comunidades de un país gozar de los mismos derechos. Si los homosexuales pueden reivindicar su derecho a ser diferentes y a gozar de los mismos derechos que los heterosexuales, es básicamente cuando hay un Estado laico que lo garantiza.

Cuando la libertad de conciencia, de pensamiento o de expresión son de alguna manera mermadas es, por el contrario, porque los funcionarios públicos en alguna región o ciudad se someten o están bajo la presión de algún grupo intolerante que desde una perspectiva religiosa o simplemente conservadora impiden que el Estado laico cumpla su función. No hay, entonces, nada peor para las libertades ciudadanas que un Estado laico mermado, sujeto a las imposiciones doctrinales de alguna religión o filosofía específica.

Al final, el Estado laico existe no para glorificarse a sí mismo o para imponerse como un nuevo ídolo al que hay que adorar. Es simple y sencillamente un instrumento jurídico-político del cual se dotan las sociedades, crecientemente plurales y conscientes de su diversidad, para tener una convivencia pacífica y armoniosa. Se trata de un mecanismo que no existe para sí mismo, sino para servir a un propósito: garantizar y ampliar las libertades de todos. Es por ello que su principal papel es el de defender la libertad de conciencia y sus consecuencias sociales (todas esas que hemos mencionado y otras). Para hacerlo requiere crear un espacio público independiente de (no contrario a) cualquier influencia religiosa específica y, por lo tanto, un Estado. Es decir, un conjunto de instituciones políticas con autonomía frente a lo religioso.

Y todo esto viene a cuento porque finalmente, después de muchos años, un grupo de diputadas y diputados está en vías de someter una iniciativa para elevar la laicidad del Estado a rango constitucional, de manera formal, a través de su inclusión en el artículo 40, donde se define el carácter del Estado: representativo, federal, etcétera. La iniciativa también implica incluir en el artículo 130 el principio de laicidad para que acompañe el de separación entre Estado e Iglesias. Y supone fortalecer la estricta separación entre creencias personales y función pública. En conjunto, estas reformas vendrían a reforzar un principio ya existente en el artículo 3º relativo a la educación pública laica y otros preceptos legales donde sí se establece la laicidad del Estado, como la propia Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Pero ciertamente, la elevación de la laicidad a rango constitucional permitirá ampliar los espacios de libertades frenando, al mismo tiempo, las crecientes tentaciones de muchos políticos para acudir a formas de legitimación religiosa del poder público. En suma, todas estas reformas, de aprobarse, vendrían realmente a reforzar nuestro Estado democrático y una creciente toma de conciencia de nuestra pluralidad social, cultural y política. Un Estado que vendría, en suma, a ser la respuesta a nuestra enorme y creciente diversidad, así como la necesidad de reconocerla para garantizar los derechos de todos.