De Gobiernos y Gabinetes

Javier Hurtado

MURAL 24 Oct. 07

En México las deficiencias de nuestro sistema presidencial son de orden constitucional y cultural; mientras que en los Estados Unidos las características culturales de sus líderes políticos y ciudadanos son las que han permitido superar los atavismos que pudieran derivarse de su bicentenario sistema de Gobierno.

Conforme avanzan los tiempos, en el marco del proceso de Reforma del Estado se ha empezado a hablar con mayor insistencia de crear en nuestro País un llamado "régimen semiparlamentario", de introducir en nuestro sistema de Gobierno la figura de Jefe de Gabinete, o bien, hasta establecer la institución del Gabinete Sombra, tal y como existe actualmente en el Reino Unido.

Hoy en día, México es uno de los pocos países del mundo que aún conserva un sistema presidencial puro o rígido. Si en los Estados Unidos su inmaculado sistema les ha funcionado es porque -como dice Sartori- "los estadounidenses han estado dispuestos a hacerlo funcionar, no gracias a su Constitución, sino a pesar de su Constitución". En cambio, en nuestro País, si nuestro presidencialismo ya no funciona (quizá lo hizo hasta 1994) es gracias a su Constitución y a que los políticos han estado resueltos a no hacerlo funcionar, o debido a que no saben cómo puede funcionar.

Esto es, en México las deficiencias de nuestro sistema presidencial son de orden constitucional y cultural; mientras que en los Estados Unidos las características culturales de sus líderes políticos y ciudadanos son las que han permitido superar los atavismos que pudieran derivarse de su bicentenario sistema de Gobierno.

Por lo anterior, en nuestro caso, un líder político puede no darse cuenta de los límites constitucionales o institucionales en los que realiza su actuación, y llega a creer que sus actividades son las adecuadas y necesarias, cuando en el fondo sean la expresión más condensada de las obsolescencias de nuestro sistema de Gobierno. Este es, me parece, el caso de Andrés Manuel López Obrador, su llamado "gabinete legítimo", y la discusión de si debe o no reconocerse como tal al Presidente Felipe Calderón.

En el marco de ese debate, la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la perredista Ruth Zavaleta, se ha pronunciado tanto porque se cree en nuestro País la figura de Jefe de Gabinete como por la institución del Gabinete Sombra (Milenio, 19/10/07). Sin embargo, aquí es donde vienen las confusiones.

Por principio de cuentas, algunos legisladores hablan de un "régimen semiparlamentario" en abstracto (MURAL, 13/10/07), ya que las supuestas características que le asignan no se dan en ningún País en la realidad. Si con ese concepto quieren designar el sistema de Gobierno de la Quinta República francesa, están equivocados, pues ahí lo que existe es un sistema semipresidencial.

En segundo término, la figura de Jefe de Gabinete no es propia del sistema francés (Francia lo que tiene es Primer Ministro, no Jefe de Gabinete), ni de ningún otro País con Gobierno semipresidencial, mucho menos del sistema parlamentario. El Jefe de Gabinete es exclusivo del sistema presidencial y específicamente de su variedad semipresidencializada, que existe en Argentina desde 1994, y que Perú y Brasil poco después reprodujeron con nombre distinto, pero funciones similares.

En estos tres países el Jefe de Gabinete es un simple auxiliar administrativo del Presidente de la República en sus funciones de Jefe de Gobierno y no un Jefe de Gobierno. Cuando un Presidente deja de ser Jefe de Gobierno, y sólo conserva la Jefatura de Estado, entonces ya no estamos en un sistema presidencial, sino en uno Parlamentario, siempre y cuando su elección no sea universal y directa.

Se confunde el Jefe de Gabinete de un sistema presidencial con el Primer Ministro de un sistema parlamentario cuando se dice que éste último puede disolver el Congreso y convocar a elecciones anticipadas, y que el Parlamento tiene derecho de veto ante esta posibilidad. Falso: ningún Primer Ministro de una democracia parlamentaria o semipresidencial tiene derecho a disolver el Parlamento, puesto que esa es una atribución exclusiva del Jefe del Estado (llámese Presidente o Rey) que pronuncia a pedimento del Primer Ministro y una vez que éste ha sido objeto de una moción de censura producto de un mal desempeño gubernamental, o de haber perdido el apoyo en la Asamblea Legislativa. Por lo demás, el veto es propio de los procesos legislativos de los sistemas presidenciales. Lo que en los otros sistemas pronuncian los Parlamentos son mociones de censura o de confianza, y no tienen que ver con el proceso legislativo.

Finalmente, para que exista un Jefe de Gabinete y un deseable Gabinete Sombra, lo primero que debe hacerse es crear jurídica e institucionalmente al Gabinete, figura que no existe en el sistema constitucional mexicano. Lo que es peor, el llamado "gabinete legítimo" es más que nada una manifestación sicológica, antes que una realidad material o constitucional.

Por lo anterior, uno de los grandes desafíos de la Reforma del Estado es atender con propiedad estos temas de diseño gubernamental. Seguramente si alguna de estas instituciones existieran (el Gabinete, el Jefe de Gabinete o el Gabinete Sombra) México podría haberse evitado el problema político que actualmente tiene con una Oposición a la que el sistema de Gobierno ha sido incapaz de incorporar institucionalmente.

Ocupa México lugar 14 en homicidio de mujeres.

El Universal. 22 de octubre de 2007.

En México la tasa de mortalidad por homicidios y lesiones infringidas de forma intencional a mujeres, entre 1997 y 2002, fue de 2.7%, según un estudio de la Organización Panamericana de la Salud, efectuado en el Continente Americano.
Lo anterior coloca al país en el lugar número 14 por homicidio de mujeres, de entre 34 naciones, informó el catedrático e investigador de la Universidad Autónoma de Baja California, David Fuentes Romero.
Al participar en el 30 Encuentro de la Red Nacional de Investigación Urbana, en la Universidad Autónoma del estado de México, el experto abundó que en una investigación desarrollada en el país se comprobó que casi la mitad de las mujeres que habían sido víctimas de agresiones físicas sufrieron también abusos sexuales de su pareja.
Además, la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares indica que 55 de cada cien mujeres víctimas de violencia por su pareja viven más de un tipo de agresión, de éstas 33 de cada cien sufren de dos tipos; 16 de cada cien tres tipos; y seis de cada cien los cuatro tipos: emocional, económica, física y sexual.
Señaló que la violencia contra la pareja se produce en todos los países, las culturas y los niveles sociales, sin excepción, aunque algunas poblaciones, por ejemplo, los grupos de bajos ingresos corren mayor riesgo que otras.
Fuentes Romero manifestó que aun cuando las mujeres pueden agredir a sus cónyuge masculino y también se dan dichos actos entre uniones del mismo sexo la violencia es soportada en proporción abrumadora por las mujeres e infligida por los hombres. En este sentido, refirió que en 48 encuestas de base poblacional aplicadas en todo el mundo entre 10 y 69% de las mujeres indicaron haber sido objeto de agresiones físicas de una pareja masculina en algún momento de sus vidas.

Los medios en la democracia. Lorenzo Córdova Vianello

23 de octubre de 2007. El Universal.

Las democracias son regímenes políticos que se fundan en la igualdad y en la libertad políticas. La primera supone el igual reconocimiento de la titularidad de derechos políticos a un gran número de individuos —los ciudadanos— sin discriminaciones. La segunda implica considerar a los individuos como sujetos autónomos, es decir, capaces de tomar decisiones por sí mismos sin que se vean coaccionados por algún tercero.
En las democracias representativas, ambos principios se traducen en el derecho-poder que tienen los ciudadanos de participar libremente en la elección de sus representantes (primera fase del procedimiento democrático), quienes los sustituirán en las siguientes etapas, donde se discuten y determinan las decisiones políticas. El papel de los ciudadanos, así, es el de libremente orientar el sentido de su voto, elegir a sus representantes y dar seguimiento a la vida y a los acontecimientos políticos para que, en la próxima elección, puedan determinar de manera informada —y, por ello, libre— su futuro sufragio.
Lo anterior, por elemental que parezca, constituye el punto de partida para poder reflexionar el papel que cada actor político y social juega al interior de los sistemas democráticos y, de manera particular, los medios masivos de comunicación.
El rol particular que éstos juegan —fundamentalmente la radio y la televisión, que son canales que tienen un alcance y penetración infinitamente superior a los medios escritos— es importantísimo, pues constituyen el principal conducto a través del cual los ciudadanos reciben la información sobre su entorno político y cuentan con elementos para juzgarlo. En ese sentido, un medio de comunicación que no informa oportuna y verazmente, que distorsiona y manipula las noticias, resulta disfuncional para la democracia, pues impide que el ciudadano tenga a su disposición elementos ciertos y suficientes para poder orientar sus posturas políticas y, de cara a las elecciones, su voto.
Para decirlo en breve, un ciudadano desinformado o mal informado es un ciudadano que no puede ser plenamente libre, pues su juicio sobre la realidad está distorsionado. Por ello la responsabilidad de quienes son los conductos para la comunicación es enorme.
En las semanas recientes, durante la discusión de la reforma constitucional en materia electoral, hemos visto el ejemplo más emblemático, y a la vez grotesco, de lo que puede significar la manipulación de la información por parte de los principales concesionarios de la radio y la televisión en la defensa de sus intereses. Debe quedar claro que el disenso es clave en las democracias y nadie puede pretender que sobre los asuntos públicos existan visiones únicas u homogéneas; eso sería, simple y sencillamente, abrir las puertas a controles autocráticos y autoritarios de las conciencias. Pero una cosa es eso y otra el manejo arbitrario y burdo de la información para conseguir o defender intereses particulares.
Para que una democracia funcione es necesario que los ciudadanos tengan frente a sí un sano pluralismo de los medios y en los medios de comunicación. Ello supone, consecuentemente, que cuenten con alternativas reales de dónde abrevar la información y, por ende, no existan monopolios (ni duopolios) informativos, por un lado; y que al interior de cada uno de ellos exista el reflejo de las distintas posturas políticas e ideológicas, para que el juicio sobre los problemas sociales no sea inducido.
Eso, para algunos defensores de los intereses creados, significa atacar la libre empresa y la libertad de expresión. Pero olvidan que esas dos libertades, al menos en el contexto democrático, no son ni pueden ser absolutas, sino que deben ser matizadas y ponderadas con las libertades y derechos de los demás y que, también, deben ser ejercidas responsablemente.
Países que nadie podría acusar como antidemocráticos así lo han reconocido y garantizado en sus reglas constitutivas. En España, por ejemplo, una sentencia histórica de su Tribunal Constitucional ha establecido que, dado que la formación de una opinión pública bien informada es condición de la democracia, y que en la formación de esa opinión los medios electrónicos juegan un papel central e insoslayable, es indispensable garantizar que la información que éstos proporcionen sea veraz, cierta y objetiva.
Nadie pretende coartar la libertad de un comunicador de expresar sus opiniones —esa sería la antesala del autoritarismo—, pero tampoco puede permitirse que las opiniones particulares (o corporativas) sean presentadas como información que, por su propia naturaleza, debe ser neutra.
Eso es algo de lo que, en el difícil proceso de consolidación de nuestra democracia, todos deberemos hacernos cargo responsablemente. De ello depende que esa tarea sea completada exitosamente. Investigador y Profesor de la UNAM